Juan Mestre23/11/04 0:00
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El Govern ha remitido una carta a los ex presidentes autonómicos para que presenten un dictamen jurídico y político sobre la reforma del Estatut. En concreto, la vicepresidenta del Ejecutivo ha enviado una notificación a Gabriel Cañellas (1983-1995), Cristòfol Soler(1995-1996) y Francesc Antich (1999-2003) para que se pronuncien sobre la reforma estatutaria que ha comenzado a estudiar el Govern y que analizarán muy pronto los grupos parlamentarios en la Cámara autonómica. Posteriormente, estos tres informes serán remitidos al «comité de sabios» que ha creado el Ejecutivo y que estudiará paralelamente al Parlament la reforma estatutaria. En concreto, la misiva remitida por la vicepresidenta del Govern plantea a los ex presidentes que elaboren un dictamen sobre las necesidades jurídicas y políticas que deben tenerse en cuenta en la reforma del Estatut. El Ejecutivo tendrá muy en cuenta estas opiniones, aunque en el caso de Antich su posición tendrá una doble lectura: ostenta el título de ex presidente y aún lidera las filas del PSOE balear.

Hasta el momento, el debate sobre la reforma del Estatut ha cumplido estrictamente el guión que descubrió Jaume Matas en el mes de julio. Es decir, el Govern lleva la iniciativa de la reforma estatutaria y el Parlament discutirá el nuevo texto, pero la opinión de los expertos convocados por el Ejecutivo tendrá un importante peso específico en el documento definitivo. Matas ya ha dicho claramente que quiere una reforma del Estatut «sin límites», que garantice los derechos de Balears como «comunidad histórica» y en la que se incluyan aspectos para la mejora de la financiación balear. Precisamente, este es uno de los detalles estatutarios que menos se han discutido hasta la fecha. Matas cree que habrá que estar muy pendientes de la reforma de Catalunya para evitar que Balears quede como una «comunidad de segunda» desde el punto de vista de la financiación.

El president del Govern también es partidario de modificar el Estatut para incluir las dos listas electorales -una para los consells y otra para el Parlament- y pretende que el nuevo texto incluya las competencias de policía autonómica.

Precisamente, y sobre este punto, el conseller d'Interior, José María Rodríguez, opinó recientemente en una comparecencia parlamentaria que la policía autonómica no sería una realidad hasta dentro de cuatro o cinco años. En cualquier caso, la voluntad del Govern es clara: tener su propio cuerpo policial.