Las obras ya comenzadas prosiguen su curso.

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EFE/J.M
Fomento insistió ayer en que su decisión de revocar el convenio de carreteras parte del «incumplimiento de la normativa» en que ha incurrido el Govern al licitar una decena de obras, pero destacó su «preocupación» por que Baleares no pierda «ni el dinero ni las infraestructuras previstas». Un portavoz de Fomento explicó que el Ejecutivo ha licitado «de forma improcedente» las obras de construcción de la autovía Arenal-Llucmajor, las variantes de Llucmajor y de Inca y la ronda sur de Ciudadela, adscritas al convenio firmado en 1998. En cuanto a la encomienda para la licitación de los proyectos viarios que aduce el Govern para justificar su actuación, el portavoz de Fomento aseguró que a pesar de que este documento permite al Ejecutivo autonómico licitar las obras, es preceptiva la supervisión del Ministerio.

El Govern ha llegado a adelantar la fecha de licitación de algunos proyectos «hasta cuatro años», según un portavoz del Ministerio de Fomento, que hizo también hincapié en el «sobrecoste» de los proyectos que ha licitado. A este respecto, este mismo portavoz recalcó que la variante de Son Ferriol se licitó por un importe de 20'7 millones, cuando la asignación prevista es de 16'6 millones, y que la construcción de la autopista entre Inca y Sa Pobla excede en 16 millones de euros el presupuesto inicial. La construcción del tercer carril, presupuestada en 8'3 millones, ha sido licitada por 10'31 millones y la segunda ronda de Ibiza costará cerca de 19 millones más de lo previsto en un principio. El Ministerio y el Govern firmaron un primer convenio para la ejecución de obras viarias en 1998 y en marzo de 2004 rubricaron un segundo acuerdo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2006. Este segundo documento incluye nuevas obras viarias, pero que están afectadas por las normas que rigen el convenio de 1998, que estipulaba que el Govern «no podía licitar nada», a pesar de lo cual licitó la autovía Arenal-Llucmajor, las variantes de Llucmajor y de Inca y la ronda sur de Ciutadella. De acuerdo con lo expuesto por la citada fuente, la única actuación que fue correctamente licitada fue la obra Ibiza-San José, tramitada por el Ministerio.

La fuente señaló también que el Govern balear ha contravenido la legalidad al adelantar la licitación de obras incluidas en el segundo convenio suscrito este año, a pesar de que su vigencia comienza el 1 de enero de 2006. A pesar de este clima de enfrentamiento, el president del Govern, Jaume Matas, tiene previsto iniciar una ronda de contactos con todos los portavoces de los grupos parlamentarios para pedirles apoyo. Joan Flaquer dijo ayer que el Govern «no busca el divorcio» con el Gobierno central.