El consejo de administración de la Autoritat Portuària, reunida
ayer con carácter extraordinario, acordó por unanimidad dar por
caducado el expediente abierto a «Iniciatives Portuaris Mirall de
Mar de Mallorca SL (IP3M SL) por una supuesta infracción leve, que
iba a ser sancionada con 24.000 euros, y abrir otro, esta vez, por
la comisión de una supuesta falta grave. La votación «por
unanimidad» se registró sin la participación de la consellera de
Obres Públiques, Mabel Cabrer, y del propio presidente de la
Autoritat Portuària, Joan Verger, debido a que IP3M presentó una
querella contra Cabrer -rechazada finalmente por el TSJB- y Verger
había sido accionista de esa empresa.
El nuevo expediente contará con otro instructor, ya que el
secretario general de la Autoritat Portuària, Jaume Ferrando, ha
sustituido al ingeniero Carlos Sánchez, según confirmó Verger en
una rueda de prensa que ofreció ayer. >La presunta infracción
«grave» cometida supuestamente por IP3M se origina en el cobro, al
parecer abusivo, de unos servicios en el área de la Marina del Port
de Palma (150 amarres) que gestiona la empresa. «Tras un profundo
análisis e intensas discusiones muy serias por parte de los
servicios jurídicos, y tras comprobar que la supuesta infracción no
ha prescrito, hemos acordado dar por caducado el expediente e
iniciar uno nuevo que parte con la categoría de grave», explicó
Verger.
«Desde el 1 de abril de 2003 se han presentado un total de 49
informes sobre la misma. La voluntad del consejo de llegar cuanto
antes y al fondo de un caso complejo, en el que se mezclan el
derecho público y el privado y sobre el que existen dos dictámenes
del Colegio de Abogados de Balears que dan la razón a la empresa
demandada, a los cuales se contraponen los informes de otras
fuentes jurídicas consultadas», añadió el presidente de la
Autoridad Portuària.
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