El estudio «El expolio fiscal. Una asfixia premeditada»,
publicado por la editorial «3 y 4» a finales del año pasado,
compara el sistema de financiación autonómica actual con un sistema
redistributivo, basado en el principio de que los habitantes de un
territorio pagan en función de su producción (PIB) y reciben en
función de su población.
Aplicando este sistema en el año 2002, se comprueba cómo cuatro
comunidades aportaron a la solidaridad interterritorial por encima
de lo que podría considerarse su capacidad máxima de financiación:
las Islas contribuyeron en exceso con el equivalente al 9,39 por
ciento de su PIB; Madrid lo hizo con el equivalente al 2,79 por
ciento; Catalunya, al 2,44 por ciento y Valencia, al 1,90 por
ciento. Por contra, tres comunidades aportaron por debajo de su
capacidad de financiación máxima: La Rioja tendría que haber
contribuido adicionalmente en un 3,18 por ciento de su PIB; el País
Vasco, en un 3,14 por ciento y Aragón, en un 1,16 por ciento.
De las comunidades beneficiadas por la solidaridad, siete
recibieron más que su necesidad de financiación máxima:
Castilla-León recibió en exceso un 9,72 por ciento de su Producto
Interior Bruto; Canarias, un 6,75 por ciento; Asturias, un 6,53 por
ciento; Cantabria, un 4,29 por ciento; Extremadura, un 2,93 por
ciento; Galicia, un 2,27 por ciento; y Castilla-La Mancha, un 2,02
por ciento.
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