La propuesta de la ministra María Antonia Trujillo de promover
viviendas de protección oficial de 30 metros cuadrados o menos ha
suscitado una enorme polémica. Inicialmente esto supondría tener
que modificar la legislación actual, ya que ésta sólo permite la
construcción de viviendas protegidas con una superficie mayor a los
40 metros cuadrados. Y, evidentemente, se trata de una solución, si
es que de ello puede hablarse, para un colectivo limitado. Personas
solas, estudiantes o parejas sin hijos serían los posibles
destinatarios de las mismas.
La propuesta pretende reducir los costes y permitir un acceso
más fácil a una vivienda. Trujillo declaraba ayer, ante las
numerosas críticas, que «la dignidad no se mide por los metros
cuadrados». Esta medida no es una solución para el problema real de
la vivienda en nuestro país y el desaforado incremento de precios
experimentado a lo largo de muchos años por ésta, muy superior al
del resto de los países de la zona euro. Y, además, significa la
reducción del espacio vital en un hogar, si es que así se le puede
llamar, convertido en un miniespacio que, por necesidad, debería
contar con espacios comunes, como lavanderías, por ejemplo. Pese a
que se trata de una alternativa razonable para casos muy concretos,
la ministra debería apuntar a otras medidas más acordes con las
necesidades de una mayoría de la población que pretende contar con
una vivienda «digna» y más espaciosa a un coste razonable.
En este sentido, la creación de la agencia del alquiler por
parte del Estado podría contribuir al incremento de este mercado y
ser una solución para muchas personas. Pero está por ver si
funciona realmente y no se convierte sólo en competencia de las
inmobiliarias sin ventaja alguna para los ciudadanos.
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