La ministra de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona,
declaró ayer en Cabrera, donde presenció y participó en una suelta
de tortugas marinas, que «el caso de la piscina de Pedro J. Ramírez
en la Costa dels Pins no tiene precedentes. Hay piscinas con
concesiones antiguas que ya han caducado y otras ilegales, pero
este caso es singular y ha habido que estudiarlo muy a fondo porque
se trata de una concesión vigente en la que se tiene que garantizar
el acceso público, ahora suspendido».
Narbona recordó que «Pedro J. Ramírez ha tenido tres meses para
presentar al Ministerio de Medio Ambiente una propuesta con medidas
para hacer efectivo el uso público de su piscina. En esa propuesta
se tiene que garantizar la accesibilidad y la seguridad de esa
zona. Aunque el periodista presentó una solicitud de uso privado,
esa petición fue rechazada, ya que no hay uso privado posible en el
dominio público marítimo-terrestre, tal como establece la Ley de
Costas».
Si bien el uso público de la piscina del periodista está ahora
suspendido, esta situación es provisional y se vincula a la
presentación de una propuesta de accesibilidad y seguridad, que
deberá ser estudiada y aprobada por el Ministerio. Mientras tanto,
según indicó la ministra, «el uso privado es compatible con la
condición de zona de dominio público».
Cristina Narbona se mostró muy consciente de que la polémica
sobre la piscina del periodista madrileño ha tenido repercusiones
entre la opinión pública y por ello justificó la necesidad de
«hacer saber a los ciudadanos de Balears que el uso público de esa
zona de la Costa dels Pins ha sido suspendido provisionalmente, lo
que implica a su vez la suspensión, igualmente temporal, del
derecho de paso. En su estado actual, no hay condiciones de
seguridad y accesibilidad en esa zona para garantizar el uso
público y eso es lo que el titular de la concesión, en este caso el
señor Ramírez, debe solventar». Aquí, la ministra quiso ser más
gráfica y dijo que «el acceso público y el derecho de paso no se
pueden ejercer trepando por las rocas».
La máxima responsable estatal de Medio Ambiente no quiso opinar
sobre las denuncias judiciales presentadas, por una parte y otra,
tras el intento, el pasado 13 de agosto, de un grupo de personas de
ejercer su derecho de paso y uso público de la piscina de Ramírez.
Como se recordará, PSM, ERC, EU, Els Verds, GADMA y el Lobby per la
Independència denunciaron al periodista y a tres de sus vigilantes
privados por lesiones y amenazas.
Por su parte, el periodista se ha querellado contra las personas
que intentaron ejercer el derecho de paso y uso público, y contra
el delegado del Gobierno, Ramon Socías, y la Guardia Civil por
denegación de auxilio durante aquellos hechos. En este sentido,
Narbona no valoró «un asunto que compete a la Administración de
Justicia». Ante la calificación de «radicales», por parte de
algunos sectores, contra quienes intentaron el 19 de agosto acceder
a la piscina, Cristina Narbona recordó que «ecologistas que fueron
tildados de radicales hace décadas han hecho mucho por la
conservación en España y así hay que reconocerlo. Desgraciadamente,
nuestro país todavía sufre un retraso respecto a otros países en la
valoración de sus ecosistemas».
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