La consellera de Presidència, Rosa Puig, aseguró ayer que retiraría
el recurso judicial que ayer mismo interpuso en contra del
Ministerio de Asuntos Sociales, «en cuanto el Gobierno comience a
pagar lo que nos debe con cargo al convenio para la construcción de
residencias y centros sociales».
Además, la vicepresidenta del Ejecutivo Rosa Estaràs recordó
como el propio delegado del Gobierno, Ramon Socías, acudió al
inicio de las obras del antiguo Hospital Militar de Palma. «Estamos
dispuestos a llegar a un acuerdo porque cuando ellos procedan a
ingresar este dinero no tenemos ningún interés en tener ningún
procedimiento judicial abierto», precisó Rosa Puig quien indicó que
defendía los intereses de Balears.
El convenio de la discordia, de la época de Zaplana, afecta a la
habilitación de un centro residencial de larga estancia en el
Hospital Militar, la construcción de un centro para grandes
discapacitados físicos en Joan Crespí, la edificación de una
residencia y un centro especializado en Santa Eularia, y de una
nueva residencia para enfermos de alzheimer en Marratxí.
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