El ejercicio de la política lleva inherente, en la mayoría de
los casos, muy poco sentido autocrítico. La prueba de ello son las
escasísimas dimisiones que se han dado entre los representantes de
los poderes públicos desde que se instauró la democracia en nuestro
país. Desde esta premisa, son los medios de comunicación quienes
han hecho lo que habitualmente no hacen los políticos: analizar su
acción desde ese sentido crítico, alabando los aciertos, cuando
éstos se producen, pero censurando los errores o la utilización
espuria del poder.
Nada debería reprocharse a la acción de los medios informativos
si la crítica se ejerce desde la responsabilidad y el respeto,
desde la más estricta observancia a la verdad de lo censurado, con
la contundencia de pruebas planteadas desde la objetividad de los
hechos, sin manipulaciones ni tergiversaciones interesadas.
Ésa es la distinción básica que se debatía en la sesión del
Consell en la que se votó una moción de Unió Mallorquina. La
propuesta de los nacionalistas no marcaba límites a la libertad de
expresión, como dejaron claro todos los portavoces que
intervinieron en el debate, ni trataba de poner freno al necesario
papel de control que debe ejercer la oposición en las instituciones
de todos los sistemas democráticos.
Lo que se censuraba el lunes es un modo de ejercer la libertad
de información basado en sembrar dudas, contar medias verdades,
tergiversar informaciones en beneficio de oscuros intereses y hasta
difamar manipulando la verdad objetiva de los hechos. Ésa fue la
esencia del debate planteado el lunes: sí al derecho que tienen los
medios de comunicación a ejercer la crítica, pero no a la
manipulación y a la tergiversación informativa.
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