El Parlament aprobó ayer, con los votos de PP y Unió Mallorquina,
la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, una iniciativa
legislativa que incluye la 'autotasa', un nuevo impuesto que no se
aplicará hasta que el Govern alcance un acuerdo con la patronal de
rent a car. La oposición reclamó en la primera sesión parlamentaria
que tramita los presupuestos la retirada de la 'autotasa', al
considerar que se trata «un fraude electoral, parlamentario y
legislativo». El portavoz del grupo PSM, Pere Sampol, dijo que el
nuevo tributo es «inútil» ya que ha demostrado que «no servirá para
recaudar, no tiene objetivo medioambiental y no será eficaz en la
regulación del sector». «Este impuesto es contrario a la filosofía
del PP», recalcó Sampol.
Joan Boned, del grupo parlamentario socialista, fue igual de
contundente que Sampol porque, en su opinión, el nuevo impuesto es
«una tomadura de pelo» porque el Govern no sabe cuándo lo podrá
aplicar. Boned destacó que el tributo no llegará a aplicarse hasta
que no haya consenso con el sector de coches de alquiler. «Este
impuesto va camino de ser declarado ilegal si se lo propusiera
cualquier empresa de rent a car», vaticinó el diputado socialista.
Desde Esquerra Unida-Els Verds, el diputado Miquel Ramón calificó
de «tomadura de pelo» el nuevo gravamen por cuanto «el Govern no
piensa aplicarlo nunca». «Nuestro grupo está dispuesto a establecer
una fiscalidad ecológica para el alquiler de vehículos, pero es
inconstitucional y antidemocrático tramitar una regulación tan
compleja a través de la ley de acompañamiento».
En nombre del PP, la diputada Misericordia Sugrañes recalcó que
el nuevo impuesto, que no tiene fecha de aplicación, tiene por
objeto regular el sector de rent a car en Balears, aunque
especificó que puede considerarse «una medida selectiva, moderada,
apropiada, posible y sin efectos catastróficos», en clara alusión a
la ecotasa. Según Sugrañes, el nuevo impuesto tiene como finalidad
ordenar un sector con «una fuerte competencia desleal». «Pero no se
aplicará sin consenso», aclaró. Durante el debate de la ley de
acompañamiento, los grupos de la oposición también cuestionaron las
partidas ampliables previstas en las cuentas del Govern del próximo
ejercicio. En concreto, el socialista Francesc Quetglas criticó
especialmente la partida ampliable para altos cargos, mientras la
diputada del PP Misericordia Sugrañes respondió que dichas partidas
ampliables se configuran ante la necesidad de prever el incremento
de los gastos de la Administración autonómica.
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