Una iniciativa social sin precedentes que ha puesto en marcha el
Gobierno de Rodríguez Zapatero, una ley que garantiza la asistencia
de las personas que no pueden valerse por sí mismas así como las
prestaciones de las personas que cuidan de ellas (principalmente
mujeres), convirtiéndose en el nuevo pilar del Estado de Binestar,
amenaza con convertirse en un capítulo más del enfrentamiento entre
los gobiernos central y balear. Todo comenzó ayer con una guerra de
cifras sobre las personas «dependientes» que viven en Balears (una
26.000 personas, según el Ministerio de Asuntos Sociales; unas
56.000, según la Conselleria de Presidència del Govern) y que tiene
como telón de fondo el presupuesto que sería preciso invertir en
Balears.
El ministro Jesús Caldera, en una entrevista que publicaba
Ultima Hora el pasado día 4, ya advertía que el Govern no tenía que
caer en la tentación de reclamar más dinero ya que la asistencia
social es competencia de Administración Central y Autonomías. El
Gobierno central fija en unos 82 millones lo que deberían invertir
las Administraciones (como mínimo, al 50%). Caldera se reunió ayer
con Puig en Madrid. A su regreso, la consellera autonómica cifró en
unas 56.000 el número de personas dependientes que viven en
Baleares, lo que consideró que hará necesaria la revisión del
presupuesto de 82 millones.
La consellera de Presidencia destacó el carácter informativo de
la reunión que mantuvo con Caldera, aunque explicó que no se
abordaron los detalles del proyecto normativo, que se analizará en
una Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales prevista para el
próximo día 18 de enero. Un portavoz del Ministerio de Caldera
destacó el esfuerzo inversor que precisa esta iniciativa y aclaró
que las cifra de 26.000 personas era estimativa, no definitiva y
que puede aumentar.
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