Europa PressPalma11/03/06 0:00
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Dos jóvenes internautas mallorquines serán citados a declarar próximamente por la Audiencia Nacional como imputados en un presunto delito de apología del terrorismo y de ultraje a la nación, después de que una investigación policial revelase que estas personas habían difundido por Internet imágenes de supuestos activistas de ETA y de encapuchados quemando la bandera española. Las pesquisas de la Unidad de Ciberterrorismo de la Guardia Civil han determinado que uno de los dos imputados mallorquines, J.R.V, nacido en 1987, utilizó en agosto de 2004 una comunidad virtual de la red para difundir fotografías de encapuchados con armas junto al anagrama de la organización terrorista. A este joven se le puede atribuir un delito de enaltecimiento del terrorismo, que el Código Penal castiga con penas de prisión de uno a dos años.

El otro implicado mallorquín, I.C.V., nacido también en 1987, debe hacer frente a un presunto delito de ultraje a la nación, por el que se le puede condenar a una pena de siete a doce meses. En febrero de 2004 introdujo en el mismo foro de Internet imágenes de la «kale borroka» (denominación que recibe la violencia urbana en el País Vasco), en las que se observa la quema de una bandera española. Junto a estos dos jóvenes internautas, y dentro del mismo procedimiento judicial, la Audiencia tomará también declaración a otros cinco individuos, todos ellos originarios de Catalunya, a quienes se les imputa el hecho de enaltecer a bandas armadas y menospreciar a las personas que han sufrido acciones terroristas.

Si se les llega a procesar y son declarados culpables, es improbable que deban ingresar en la cárcel al tratarse de penas inferiores a los dos años y no tener antecedentes. «En estos casos, se busca la responsabilidad civil, un escarmiento para intentar detener la difusión de este tipo de propaganda. No irán a prisión, pero se les puede condenar al pago de una multa», aseguró a Europa Press Manuela Rubio, una de las abogadas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Esta organización, que está presidida por Francisco José Alcaraz y que defiende los derechos de los damnificados por el terrorismo, fue la encargada de denunciar los hechos a la Unidad de Ciberterrorismo de la Guardia Civil, que se ocupó de la investigación y de ponerla a disposición del titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional.