El president del Govern, Jaume Matas, destacó ayer la importancia
de que la reforma del Estatut incluya una «cláusula de garantía»
que blinde las inversiones del Estado en Balears por un total de
3.000 millones de euros. Esta cláusula contempla que, en caso de
que el Gobierno central no cumpla sus compromisos con Balears, una
comisión bilateral pueda exigir la incorporación de las cantidades
no abonadas en el siguiente ejercicio presupuestario con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado.
Este blindaje permitiría que, cada dos años, se revisase el
cumplimiento del compromiso del Estado que se incluya en el
Estatut, una ley orgánica de obligado cumplimiento y que debe ser
ratificada en el Congreso de los Diputados. Dicha comisión, además,
no se vería afectada por la posible discrecionalidad del gobierno
de turno. La presidencia de la comisión mixta Govern-Madrid sería
rotatoria y podría convocarse por una de las dos partes. Si se
convocase, bastaría la presencia de una de las partes para que
existiese quórum y, por lo tanto, estaría facultada para adoptar
acuerdos.
Matas destacó que esta cláusula quiere actuar como un «mecanismo
de salvaguarda» para conseguir el objetivo del Govern: que el
Estatut pueda resolver, de una vez por todas, los problemas de
financiación de Balears. En rueda de prensa convocada tras la
reunión del Consell de Govern, Matas dijo que otro de los objetivos
de la reforma del Estatut es garantizar que el Estado invierta en
Balears la misma cantidad que la media estataper cápita para los
servicios de sanidad y educación.
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