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R. G.
Las prostitutas que decidan abandonar el oficio podrán hacer prácticas laborales en centros públicos de carácter social, como residencias, clubes para personas mayores o centros para enfermos de Alzheimer. La medida se enmarca en un conjunto de actividades formativas que el Govern balear ha previsto dentro del plan de reinserción dirigido al citado colectivo.

De todas formas, la directora del Institut de la Dona advierte que todas estas actuaciones «se llevarán a cabo con mucha discreción; no haremos ningún tipo de publicidad para preservar la intimidad de las afectadas».

El plan estará coordinado por el Institut de la Dona. Precisamente la directora de este organismo, Isabel Llinàs, considera que el objetivo final va más allá de las simples prácticas laborales. «De las 400 horas que componen los cursos y talleres de formación, hay un porcentaje importante de prácticas y, una vez que hayan aprendido un oficio, la intención es que sean contratadas; éste es mi reto», comenta Llinàs, quien calcula que esta iniciativa podría estar funcionando con toda normalidad en mayo o junio de este año.

El primer paso que deben dar las prostitutas para adherirse al mencionado plan de reinserción social es abandonar la calle o el prostíbulo. Para facilitar esta decisión, el Ejecutivo autonómico ya anunció que pondría a disposición de estas mujeres pisos de acogida. Las viviendas serán cedidas por el Ibavi y la gestión correrá a cargo de la entidad Casal Petit (monjas oblatas) y Cort.

Por lo que respecta a la detección de las meretrices que quieran dejar de ejercer, especialmente de aquellas que se encuentran trabajando en la calle, el Institut de la Dona confía en el trabajo que desde hace tiempo realizan organizaciones como la Cruz Roja, Médicos del Mundo o la misma congregación de Oblatas.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dejado en manos de las comunidades autónomas la decisión de legalizar o no la práctica de la prostitución. Tanto la consellera de Presidència, Rosa Puig, como la directora del Institut de la Dona, Isabel Llinàs, se muestran contrarias a esta posibilidad. «Es el nuevo esclavismo del siglo XXI y, por este motivo, no se puede legalizar», señaló Llinàs.