La banda terrorista ETA ha puesto las cartas sobre la mesa en una entrevista que publicaba este domingo el diario «Gara» y en la que sostenía la vigencia de sus reivindicaciones de autodeterminación y territorialidad para Euskal Herria y exigía la excarcelación de los presos.
El Gobierno, mediante declaraciones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, ha reaccionado diciendo que el Ejecutivo no comenta comunicados ni declaraciones de ETA, que no hay atajos en este proceso y que el único camino a seguir debe ir por las vías que marca el estado de derecho.
Parece pues que nos hallamos en un momento delicado desde que la banda declarara el alto el fuego permanente. Y es que los terroristas no pueden pretender que el abandono de la violencia suponga la claudicación de los demócratas.
Otra cosa muy diferente es que se contemple la posibilidad de diálogo toda vez que se condene la violencia, se constate el abandono definitivo de las armas y de cualquier forma de violencia y de extorsión como prevé la resolución aprobada en su día por las Cortes. Pero los términos no deben confundirse.
Bien es verdad que el último informe del Gobierno verifica el cese de la violencia. Sin embargo los terroristas justifican, en su entrevista, las cartas de extorsión a los empresarios en función de las necesidades económicas de ETA. Es, cuando menos, un planteamiento inquietante. En cualquier caso, malo sería que desde el Partido Popular se aprovechara la situación para atacar al Gobierno. Es fundamental y absolutamente imprescindible el mantenimiento de la unidad de los demócratas para afrontar cualquier paso que deba darse. Es una exigencia que vale tanto para la lucha antiterrorista como para caminar hacia la ansiada paz.
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