La consecuencia más directa de esta aceptación de los nuevos términos de concesión es que los concesionarios deberán pagar al Govern 20 veces más dinero del que pagaban en estos momentos. La consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer, calcula que la aceptación de las nuevas condiciones que impone la Ley de Puertos supondrá que los ingresos que el Ejecutivo obtiene de los concesionarios pase de los 400.000 euros al año que ingresa en estos momentos el Govern a los 9 millones de euros que costarán las nuevas condiciones económicas.
La consellera d'Obres Públiques explicó que las primeras adaptaciones a la ley que saldrán a información pública son las que ya han vencido, como el caso de Sant Antoni, Andratx, Ciutadella, Portalls Vells, Port Addaia y Fornells. En la exposición pública se impondrán los nuevos cánones que deberán pagar los concesionarios. En cualquier caso, la consellera explicó que el artículo 49 de la Ley de Puertos deja muy claro que los concesionarios no podrán cargar en la tarifa de amarre el aumento del canon que pagarán al Ejecutivo. En caso de que quieran repercutir el canon en el amarre, deberán obtener el permiso previo de la Conselleria d'Obres Públiques. Cabrer aseguró que la aplicación de la Ley ha podido acabar con los recelos iniciales que provocó en el sector.
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