La Delegación de Gobierno de Balears ha dictado en los dos últimos dos años un total de 658 órdenes de expulsión de inmigrantes «sin papeles», de las cuáles la Policía sólo ha ejecutado 76, según confirmó a este diario el portavoz del departamento que dirige Ramón Socías.
El resto de decretos de expulsión (582) siguen pendientes de resolución ya que los ciudadanos extranjeros han logrado eludir la acción de la Justicia. Muchos de ellos «desaparecen» o retrasan las órdenes de expulsión interponiendo recursos ante los tribunales, y quedan, «en un limbo legal», según el término empleado por el portavoz Jordi Bayona. Los inmigrantes indocumentados y con órdenes de expulsión son registrados en un programa de la Unión Europea denominado Adextra, que les impide legalizar su situación en cualquier país del ámbito comunitario.
El procedimiento administrativo que finaliza con el decreto de expulsión «es lento, farragoso» y puede tardar unos dos años, según los abogados especializados en extranjeros. Una vez que la expulsión ha sido decidida, los inmigrantes afectados pueden recurrir por la vía administrativa y, si Delegación mantiene la expulsión, siempre queda el recurso contencioso frente al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
El procedimiento de expulsión empieza cuando se produce una notificación administrativa en el domicilio dado por el afectado en el momento de tramitar la regularización. Si se presenta, le dan 15 días para abandonar el país y, como paso previo, tiene que pasar por el Cuerpo Nacional de Policía para que ejecute la expulsión.
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