26/09/06 0:00
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M.JUNCOSA
Un informe encargado a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid concluye que el proceso de concesión del servicio de varada y botadura del puerto de Palma fue correcto y ajustado a derecho, tal y como también sostiene la abogacía del Estado, según informó ayer la Autoritat Portuària de Balears. La concesión de este servicio recayó en la empresa Servicios Técnicos Portuarios, participada por IMP3M, de la que el presidente de la entidad, Joan Verger, fue accionista.

La Autoritat Portuària de Balears, que encargó el análisis jurídico a esta universidad madrileña, indica que el informe concluye que la actuación de Verger fue correcta en todo el proceso. Descartan por tanto que se haya producido una situación de incompatibilidad por parte del presidente de la Autoritat Portuària de Balears en el proceso administrativo por su relación anterior y presente con su antiguo socio en la empresa IP3M, Juan Antonio Riutort. La entidad afirma además que el informe jurídico concluye que la relación mercantil entre Verger y Riutort ha concluido.

Asimismo, la Autoritat Portuària indica que el informe, de quien no han revelado el nombre o nombres de los autores, concluye que Joan Verger tampoco tenía por qué abstenerse en la votación en la que se decidió la adjudicación del servicio a Servicios Técnicos Portuarios.