El asunto de la corrupción en Marbella, que parecía pendiente ya sólo de la apertura de juicio oral, ha vuelto a sorprendernos con la detención de la ex mujer de Julián Muñoz, Maite Zaldívar, que se hizo popular por sus comparecencias en programas de televisión, en alguno de los cuales relató cómo había visto en su casa bolsas de basura llenas de billetes, y del empresario y ex presidente del Sevilla José María González de Caldas, entre otros. Todo el trasiego destapado por la «operación Malaya» pone al descubierto una gigantesca trama de irregularidades urbanísticas y corrupción que está salpicando ya a quienes parecían inicialmente alejados de cualquier sospecha.
El caso marbellí es el más publicitado en los medios debido a la presencia en la prensa del corazón de algunos de los implicados, pero no es el único. Ahí están las detenciones del alcalde y concejales del municipio canario de Telde, pertenecientes todos ellos al Partido Popular (PP), o las investigaciones sobre el urbanismo en la localidad madrileña de Ciempozuelos, que salpica al alcalde y ediles socialistas.
Aunque bien es verdad que no debemos generalizar, ni se puede pensar que toda la clase política está manchada por esta lacra, también es cierto que mal harían los partidos en utilizar estos casos para sus batallas con fines electoralistas, puesto que, por lo que se puede apreciar, en todos lados pueden surgir ovejas negras que se aúpen al poder con la única finalidad de enriquecerse, aunque sea por medios ilícitos.
Dada esta situación, bueno sería alcanzar un gran acuerdo entre las principales formaciones políticas para poder poner coto a estos desmanes y evitar, de entrada, que se produzcan. Es evidente que no es tarea fácil, pero mucho menos si se emprende desde el desencuentro y sólo con ganas de machacar al rival político. Preciso es, por tanto, asumir el reto con responsabilidad.
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