Maria Antònia Oliver y Margalida Capellà, de la asociación, explicaron ayer que «al listado inicial de 86 mallorquines se han añadido la dirigente comunista Aurora Picornell, su padre Ignasi y sus hermanos Ignasi y Biel».
Oliver y Capellà explicaron ayer que la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional pretende un auxilio judicial ante «detenciones ilegales y la negativa de la Administración a informar sobre el paradero de estas personas y en qué condiciones se encuentran. Se trata de una doble responsabilidad penal con efectos permanentes, pues hasta que no aparezan los cuerpos, se sigue cometiendo el delito y éste es imprescriptible en el Derecho español y en el internacional». Las portavoces de la Associació per a la Memòria Històrica destacaron que «nunca se había presentado una denuncia de estas características. No sabemos si la Audiencia Nacional la desestimará, pero se prevé un camino largo y lleno de dificultades, y no dudaremos en acudir a los tribunales europeos si es necesario. En 30 años de democracia, el colectivo de familias de estos desaparecidos ejerce por primera vez el derecho a exigir una reparación».
Para Oliver y Capellà, «nos encontramos ante claros indicios de crímenes contra la Humanidad, entendidos como ataques contra la sociedad civil de manera masiva y sistemática. Instamos a la Audiencia Nacional a que investigue estos hechos y establezca la responsabilidad penal. También queremos que se identifique a quienes ordenaron esas detenciones y desapariciones, y que el Estado, por su parte, asuma la responsabilidad de las exhumaciones en las fosas comunes. Tampoco podemos dejar de lado los derechos de unas familias cuyo sufrimiento durante décadas puede considerarse una forma de tortura y humillación. Y desde el punto de psicológico, nadie se ha ocupado de ellas».
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