Aunque la cifra es importante, el Pla Territorial de Mallorca fija un máximo de crecimiento de 210 hectáreas. Este suelo ocupado es lo que se denomina «lucrativo» y los usos que tiene asignados son el turístico, residencial, terciario (servicios), secundario (industria) y equipamientos.
A cambio de este crecimiento urbanístico, el Ajuntament ha recibido otras cien hectáreas de suelo para usos no lucrativos. Nuevas superficies que pasan a ser de titularidad municipal y que se obtienen como compensación por el suelo urbanizado (uso lucrativo) en forma de viales, equipamientos de cesión obligatoria (docentes, sanitarios o asistenciales) y para espacios libres públicos.
Los nuevos desarrollos urbanísticos aprobados o previstos durante el mandato del gobierno conservador de Catalina Cirer han extendido como una mancha de aceite el cemento y el asfalto por toda la geografía palmesana. Algunos, como el complejo comercial de ses Fontanelles, otorgarán 178.000 metros cuadrados de suelo municipal, además del golf de Son Gual (Xorrigo), que aporta otros 64.000 más.
Se trata, en definitiva, de superficies ganadas por compensación que acaban convertidas en nuevas actuaciones del Ajuntament, como la ampliación de es Carnatge (70.000 metros cuadrados) o el parque ferial de Son Fusteret (29.000 metros cuadrados más de suelo público). Esta compensación a la que se ven obligados los promotores es una de las razones que favorecen el encarecimiento progresivo del precio de la vivienda. El gerente de Urbanismo, Juanjo Ferrando, lo justifica por el hecho de que «cada metro cuadrado edificado genera de media otro metro cuadrado público. Así, del suelo bruto de titularidad privada, la mitad se va con la compensación».
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