Un informe jurídico del Consell de Mallorca establece que el sistema de planeamiento e intervención urbanística que fija la Llei de Capitalitat para el Ajuntament de Palma «está absolutamente desligado del vigente régimen que contempla la legislación».
De acuerdo a este informe, la Llei de Capitalitat constituye, de facto, «un régimen específico para una parte del territorio de Mallorca que funcionará de forma autónoma sin ningún tipo de control en relación al resto».
El informe, que se empezó a elaborar cuando la nueva norma legislativa todavía no se había aprobado por el Parlament, interpreta que también vulnera el actual Estatut d'Autonomia, que es el que ahora está vigente, así como diversos artículos y capítulos completos de la Ley de Ordenación del Territorio.
El informe, al que ha tenido acceso este periódico, también analiza los casos de otras ciudades, como Madrid o Barcelona, que disponen de prerrogativas especiales pero que no son comparables a las que otorga la Llei de Capitalitat a Palma.
La existencia de este informe, de uso interno para la institución, hace prever que el estudio que se comprometió a encargar el vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, irá en el mismo sentido. Desde que se aprobó la Llei de Capitalitat, el Consistorio de Palma se siente legitimado para no someterse a la tutela de la institución que preside Maria Antònia Munar.
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