La citación del lehendakari, Juan José Ibarretxe, por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para declarar por la reunión que mantuvo con el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi sigue generando polémica y, más aún, después de la manifestación de apoyo celebrada el lunes en Bilbao. El Consejo General del Poder Judicial ha reaccionado pidiendo el «cese inmediato» de las campañas de desprestigio hacia los jueces que ejercen en Euskadi y el respeto a sus decisiones.
En cualquier caso, es evidente que se está produciendo un problema que requeriría de una buena dosis de sentido común para reformar unas leyes que consideran delictiva una reunión cuyo objetivo no va más allá de la política y de la exploración de posibles vías que conduzcan a la pacificación definitiva. Y, por supuesto, diferenciar ésta de otras que tienen como objetivo delinquir y planificar acciones terroristas.
El sistema de elección de los jueces y su adscripción a determinadas ideologías y partidos, en el caso concreto del juez instructor del 'caso Ibarretxe' al PP, no favorece en absoluto la necesaria independencia para la correcta aplicación de la Justicia. Es otra laguna de difícil solución, pero que requiere de un tratamiento a corto o medio plazo si no queremos continuar en una situación en la que cualquier decisión de los magistrados es vista como un ataque político en función del interés de cada momento.
Es cierto que el rechazo sistemático de las resoluciones judiciales crea unas incertidumbres que no son vistas con buenos ojos por unos ciudadanos que, al no ocupar cargos de relevancia, tienen que hacer frente a las decisiones de la Justicia sin más. Si el problema es la ley, habrá que modificarla de acuerdo con el procedimiento normal. Bien es verdad que, en el caso que nos ocupa, un procesamiento de Ibarretxe o su condena por reunirse con Otegi no aporta nada y puede, además, generar tensiones perfectamente evitables.
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