El fiscal Anticorrupción de Balears, Juan Carrau, apuntó, en la vista por la excarcelación del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y el celador municipal Jaume Gibert, celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, la posibilidad de que se celebre una vista por cada una del centenar de piezas separadas en las que se desgajará la 'operación Voramar'. El objetivo del Ministerio Público es evitar las dilaciones propias de un 'macrojuicio', con cerca de doscientas personas declarando ante el tribunal (el 'caso Andratx', muy probablemente, será enjuiciado por la Audiencia de Palma), con todo lo que ello implica para el desarrollo de la causa. Juan Carrau apuntó esa opción ante el tribunal al defender su postura de que Hidalgo y Gibert deben regresar a la cárcel 45 días más con el objetivo de que la Guardia Civil cierre las investigaciones del 'caso Andratx', según confirmaron a Ultima Horafuentes judiciales. Dijo, dirigiéndose a los magistrados, que iba a solicitar la celebración de un juicio por cada una de las piezas separadas (ya hay cerca de 80).
El comentario del fiscal causó sorpresa entre los abogados defensores, Rafael Perera y Juan Luis Matas, ya que la causa se encuentra en plena fase de instrucción, con el desarrollo de diligencias previas, y apuntar a esa posibilidad en este momento procesal parece prematuro. «A nosotros, en todo caso, nos interesaría más un macrojuicio que un centenar de vistas, con mi cliente (Hidalgo) compareciendo en cada una de ellas», explicó Rafael Perera. Fuentes consultadas por este diario explicaron que no existen precedentes en la historia judicial de Balears sobre un macroproceso de esta envergadura. El sólo hecho de intentar acomodar en una sala a doscientos imputados acompañados de sus abogados y testigos parece una tarea ímproba para una comunidad con tantas deficiencias estructurales en materia de Administración de Justicia.
Los abogados, asimismo, también rebatieron los argumentos empleados por el Ministerio Público ante los magistrados de la Sección Segunda, en relación a que empleó el término «pruebas» que avalaban su escrito de acusación. Según Perera, en estos momentos el Ministerio Público puede disponer de indicios o sospechas, pero no de «pruebas» concluyentes, que, además, no han sido trasladadas a los letrados defensores. «Las conversaciones telefónicas son resúmenes efectuados por la Guardia Civil que no han sido escuchados por mi cliente, que, quizás, ni siquiera reconozca su voz en esos 'pinchazos'», explicó Perera. El juez instructor del 'caso Andratx', Àlvaro Latorre, por otra parte, tiene previsto iniciar en las próximas semanas el turno de declaraciones de los imputados y testigos, que ya suman casi doscientos. El Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ya dispone de un calendario de citaciones para las personas vinculadas, de una manera u otra, en la causa.
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