16/04/07 0:00
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Días atrás, el Congreso aprobó una resolución por la que instaba al Gobierno a hacer todo lo posible para hallar una solución urgente, justa y definitiva al conflicto del Sáhara Occidental. Entendemos que hay que ver en dicha resolución una doble exigencia, ya que en primer lugar se trataría de poner fin a un conflicto que dura ya más de 30 años, y también que contribuiría, al menos parcialmente, a aliviar la responsabilidad moral que pesa sobre España al haber abandonado a su suerte en 1975 a la población saharaui, dejándola a merced de la ambición anexionista de Marruecos. Estamos ante una triste historia que ha hecho posible tanto la pasividad de la Comunidad Internacional, como la complicidad de quienes por interés o tibieza han permitido que se cometieran en la que fue colonia española violaciones de los derechos humanos -algunos informes hablan de un auténtico genocidio- que de haberse producido en otras latitudes hubieran causado un generalizado sonrojo.

Desde la ONU se ha expresado reiteradamente la preocupación por la existencia de desapariciones, torturas o detenciones en centros secretos, sin que el civilizado Occidente fuera mucho más allá en su intento por esclarecer los atropellos perpetrados por las autoridades marroquíes sobre el pueblo saharaui. En un informe del comité de la ONU elaborado en el ya lejano 1993, se habla de la puesta en libertad de personas que llevaban nada menos que 18 años en régimen de detención secreta y en condiciones inimaginables. Al pueblo saharaui se le viene negando desde hace demasiado tiempo el derecho de libre determinación sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, reconocido expresamente por la ONU. Si la iniciativa del Congreso español sirve para poner fin a tanta arbitrariedad y tanta injusticia, bienvenida sea.