El Juzgado de lo Mercantil de Palma ingresó 750 asuntos el pasado año, y muchos de ellos correspondieron a concursos voluntarios de acreedores (suspensiones de pagos) presentados por familias. Según confirmó el juez Víctor Fernández a Ultima Horael 5% de los concursos voluntarios fueron presentados por particulares, a quienes la nueva Ley Concursal dispensa el mismo trato que a las empresas cuando éstas se acogen a esa normativa para evitar los embargos. Es decir, los activos para hacer frente a las deudas y el montante del pasivo son valorados por el juez con los mismos criterios que emplea para analizar las cuentas de una sociedad.
Las familias que acuden al juez lo hacen con la intención de pactar un calendario de devolución de las deudas contraídas, evitando de esa manera el embargo de los bienes adquiridos. La idea básica del concurso es «ordenar las economías de los deudores en el tráfico económico», según el juez.
Balears fue la primera comunidad en poner en marcha de forma experimental el Juzgado de lo Mercantil, y según los expertos, pretende evitar situaciones de abusos y privilegios, ya que cuando se iniciaba el reparto del deudor insolvente, el acreedor ordinario se encontraba con que apenas quedaban bienes que distribuir. El mecanismo legal está a disposición de las personas físicas y jurídicas desde septiembre de 2004. El primer caso en España de una familia que recurrió a la Ley Concusal se dio en Barcelona y, poco después, dos hermanos que regentaban un bar hicieron lo propio Balears.
El objetivo que persigue la Ley Concursal es, entre otras cuestiones, que las resoluciones de dicten con mayor celeridad, coherencia y unidad.
No obstante, el Juzgado de lo Mercantil de Palma se encuentra, actualmente, colapsado por la cantidad de asuntos anuales que asume, el doble de lo que puede asumir.
Desde diversas instancias se ha solicitado de forma urgente al Ministerio de Justicia que habilite un segundo juzgado para poder ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de las personas y entidades que acuden hasta la sede judicial de sa Gerreria. Así lo recordó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antoni Terrasa, al presentar la Memoria Judicial de 2006.
En octubre del pasado año se registró en Mallorca el primer caso de una familia (dos hermanos) que pactaron con el juez un concurso voluntario de acreedores con el objetivo de pagar las deudas contraídas con la explotación de un restaurante. La suspensión de pagos fue pactada a cinco años con una reducción de las deudas al 50 por ciento.
Desde entonces, personas físicas y por supuesto, empresas, han seguido recurriendo a la nueva Ley Concursal, que les permite alcanzar acuerdos con los acreedores a través de un calendario de pagos perfectamente estructurado por el titular del Juzgado de lo Mercantil de Palma.
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