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Las querellas cruzadas en distintos Juzgados de de Palma entre los que fueran accionistas mayoritarios de la Policlínica Miramar abordan una nueva iniciativa procesal con la decisión de la titular de Instrucción 10 de exigir una fianza de 3'5 millones de euros a Miquel Dalmau y Cristóbal Pizà para cubrir posibles responsabilidades civiles en la demanda por administración indebida de los caudales del centro sanitario, interpuesta contra ellos por su ex socio Pau Ramis.

En el fondo de las varias disputas judiciales entre aquellos que hasta finales del pasado año acumularon casi todas las acciones de Agrupación Médica Balear S.A., nombre societario de la Policlínica, se halla la contabilidad de la misma y ciertas disposiciones dinerarias sin claridad para la Hacienda Pública durante los ejercicios de los últimos años, y así Dalmau y Pizà reclaman cantidades millonarias a Ramis, quien hace lo propio con ellos.

La reciente decisión de la jueza Abrines para que Dalmau y Pizà constituyan una fianza de 3'5 millones de euros en relación con su posible responsabilidad civil en caso de resultarles probada en juicio una administración desleal y a espaldas de las normas mercantiles, es complementaria de otra firmada hace unos meses por la magistrada en la que les conminaba a comunicar al Juzgadocualquier disposición de bienes propios, pero a su vez es muy inferior a la petición cautelar del propio Ramis por ese motivo contra sus socios, que cifró en 13 millones de euros.

A su vez Dalmau y Pizà reclaman por vía judicial a Ramis 4 millones de euros en estimación de sus presuntas intervenciones desleales en la caja societaria.

La constitución de fianza que reclama ahora la titular de Instrucción 10 a los dos querellados se halla en trámite de notificación, de modo que aun señalando un plazo muy corto para ser presentada es posible que se traduzca en un periodo real mayor durante el mes de agosto, de escasa actividad judicial.