TW
0

En Balears hay 40.630 viviendas alquiladas que no se declaran al fisco y que suman un fraude que asciende a 96'32 millones de euros, frente a las 60.897 que cumplen con sus obligaciones hacia el erario público, que suponen un 66'72 por ciento del total, según un informe hecho público ayer por el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha).

El estudio pone de manifiesto que las Illes Balears acumulan el 4'1 por ciento del fraude que se produce en esta actividad en toda España y que son la quinta autonomía donde más se alquila viviendas 'en negro', por detrás de Cataluña, Andalucía, Islas Canarias y Comunidad Valenciana, y cerca de los niveles detectados en Madrid, la única del ranking que no está bañada por el mar.

Los técnicos de Hacienda (Gestha), que basan sus conclusiones en datos del IRPF correspondiente a 2004, aseguran que de los 977.306 alquileres de viviendas no declarados en España, un total de 650.000 (66%) se encuentra en provincias costeras, lo que supone que alrededor de un tercio de estos arrendamientos fraudulentos podría estar relacionado con viviendas vacacionales.

El informe elaborado por Gestha, en el que se analizan exclusivamente las provincias costeras de cada comunidad autónoma a partir del cruce de datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del IRPF, estima en 1.200 millones de euros anuales la rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de viviendas en provincias de costa.

Cataluña lidera este particular grupo de comunidades autónomas punteras en rentas no declaradas, con más de 521 millones de euros anuales. Dentro de sus límites, Barcelona, con la Costa del Maresme, supera ampliamente al resto de las provincias catalanas, al contabilizar 439'9 millones de euros no declarados.

Por otro lado, el informe de Gestha considera «prioritario» que la Agencia Tributaria centre sus esfuerzos a corto y medio plazo en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, «a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales».