Algunas asociaciones de padres han vuelto a plantear el adelanto del inicio del curso escolar, coincidiendo con la entrada del profesorado en los respectivos centros. La propuesta cuenta con el previsible rechazo directo de los sindicatos de docentes y no parece que la Administración esté dispuesta, y menos a pocos meses de las elecciones generales, a enfrentarse con los maestros y profesores.
Para abordar esta cuestión es preciso tener muy presente el carácter de servicio público y que, por tanto, debe ser el beneficio de alumnos y padres el eje central de la decisión última sobre la modificación del calendario escolar. Una aproximación al vigente currículo evidencia la necesidad de una ampliación en el tiempo para lograr completarlo con eficacia, en especial en aquellas comunidades autónomas "como es el caso de Balears" con más de un idioma oficial que estudiar en las aulas. En más de una ocasión los expertos se han pronunciado respecto a la acumulación de conocimientos que debe adquirir el alumno en relación con el tiempo que el profesor dispone para explicarlos, al final "en la mayoría de los casos" el curso acaba con el temario de la asignatura inconcluso.
En otro orden de cosas figura la necesidad de compatibilizar la vida laboral y familiar, de la que tanto habla la clase política, en la que el calendario escolar tiene un papel casi determinante.
Adelantar, aunque sea de manera paulatina y progresiva, el curso escolar sería un modo eficaz de poner la escuela al servicio de sus principales usuarios. Ello significa, sin ningún género de dudas, que es preciso contar con la colaboración del profesorado "piedra angular del sistema educativo", un colectivo que también debe ser escuchado y del que hay que esperar propuestas responsables y generosas.
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