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P.C. Federico P. es un niño uruguayo de nueve años y desde hace dos vive en Pollença junto a su padre, Gustavo, electricista de profesión. El menor llegó a Mallorca con un permiso otorgado por su madre, que vive en Montevideo, para pasar un periodo de vacaciones. Pero no ha regresado. Su madre, entonces, pidió el apoyo de las autoridades uruguayas, que llevaron el caso a los tribunales para exigir el regreso inmediato de Federico. Una sentencia dictada por un juez de Inca dio la razón a la madre y fijó el pasado mes de mayo la fecha límite para el viaje a Uruguay del pequeño.



El padre le preparó su equipaje para emprender un viaje hasta el consulado de Uruguay en Madrid, pero el menor sufrió un ataque de histeria ya que “sufre miedo a volver", según explicó ayer Gustavo P. en una rueda de prensa que convocó en la sede palmesana de la Asociación Uruguaya de Baleares para explicar el caso.

El entorno en el que se crió fue muy duro, con violencia, abandono, maltratos físicos y psicológicos, de acuerdo a la versión paterna.
Los padres engendraron al menor siendo pareja de hecho, pero Gustavo no supo que era padre muchos años después, cuando ya residía en Mallorca. Al enterarse viajó a Montevideo y se sometió a una prueba de ADN, que resultó positiva. Entonces, reconoció al pequeño y se ha preocupado por él.

La patria y potestad del menor la tiene la madre, y en ello se basó el juez de Inca para ordenar el regreso de Federico a Uruguay. Su padre, no obstante, está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias para impedir que Federico se mueva de Mallorca y, por ahora, su letrado ha presentado una demanda para que las autoridades locales revisen el caso. “Están tratando a mi hijo como si fuera un terrorista o un delicuente», declaró ayer Gustavo. «Tengo informes de un psicólogo que confirma el deplorable estado psíquico en el que se encuentra mi hijo, y es una injusticia tremenda. Él no quiere regresar a Uruguay y yo estoy haciendo lo posible para que no se mueva de Mallorca», afirmó.

La sentencia del juez de Inca no se puede recurrir porque prescribió el plazo para hacerlo por error de la primera abogada que contrató, según explicó Gustavo F.