22/09/07 0:00
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El Govern tiene previsto llevar a la práctica el abono de un salario mensual a los alcaldes y concejales con dedicación exclusiva de los municipios de Balears con menos de 5.000 habitantes y 3 millones de euros de presupuesto anual, una medida que, sólo en Mallorca. La medida es consecuencia del desarrollo de la Ley Municipal y de Régimen Local que aprobó el Partido Popular durante la pasada legislatura.

Con independencia del importe del sueldo previsto, 14 pagas de 2.700 euros mensuales, el Govern debería haber revisado con antelación la aplicación de esta disposición por cuanto supone una violación del necesario e imprescindible derecho de autonomía financiera que merecen todos los ayuntamientos de Balears. Carece de sentido que los alcaldes y concejales con dedicación exclusiva se encuentren «a sueldo» de otra institución, en este caso del Govern. La Administración autonómica debe velar por dotar de manera adecuada y suficiente a todos los ayuntamientos para que sean éstos los que, libremente, decidan cómo y de qué manera quieren compensar la dedicación de sus principales responsables políticos.

Nadie puede poner en duda la abnegación de muchos alcaldes de Balears, en especial de las pequeñas poblaciones, pero no cabe duda que la universalidad de la norma puede acabar creando agravios comparativos que, y el detalle no es despreciable, se financiarán con el dinero de todos. No se trata de cuestionar la necesaria compensación de la dedicación de los alcaldes a sus respectivos municipios, pero ello no significa dar por buenos unos sueldos que pueden acabar siendo el principal atractivo del cargo, y no debe olvidarse, que debe tener su principal recompensa en la satisfacción de un buen servicio a los vecinos.