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V.GRIMA/L.MOYÀ El teniente de alcalde de Bienestar Social y Participación Ciudadana, Eberhard Grosske, avanzó ayer que Cort retirará el monumento franquista de sa Feixina y los elementos herederos de la época, a no ser que técnicamente se determine su valor histórico.

La medida se tomaría de acuerdo al proyecto de Ley de Memoria Histórica, aprobado el martes en el Parlamento, que establece la retirada de ayudas a los Ayuntamientos que no eliminen la simbología franquista, de la Guerra Civil o la dictadura. No obstante, la normativa contempla su protección «sólo cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados o por razones artísticas y arquitectónicas».

Así las cosas, el representante de Cort afirmó que «lógicamente cumpliremos la ley, pero iremos más allá. Reivindicaremos en positivo lugares, personajes o funcionarios que sufrieron la represión».

De este modo, incidió en que la normativa «dota de un cierto marco jurídico a una iniciativa en la que ya estamos manos a la obra»; en referencia al compromiso de colocar una placa explicativa de «contextualización» en el monumento de Sa Feixina. Una medida con la que el Consistorio «pretendía dejar constancia de que este símbolo se construyó en la época franquista».

Igualmente recordó que Palma «arrastra» otros elementos propios de ese periodo, tales como la denominada plaza del Caudillo o una placa colocada en el salón plenario de Cort que «recuerda el año 39 como el de la victoria».

Una huella del pasado que, según explicó el teniente de alcalde de Cort, se contempla también en la nomenclatura de varias calles de la capital balear.
Grosske matizó que la normativa supone un «cambio» y avanzó que «si los informes técnicos no lo impiden, desaparecerán símbolos como el de sa Feixina», levantado en memoria de las víctimas del crucero de Baleares.

La Associació per a la Revitalització dels Cascs Antics (ARCA), por su parte, recordó la necesidad de la existencia de símbolos de otras épocas. Para Joan Pascual, secretario de la institución, «es necesario que existan monumentos del pasado por una simple cuestión pedagógica, recordar que esa época fue una realidad». «Nosotros no tenemos en cuenta las ideologías y sí las piedras, no podemos decir si una época fue buena o mala», aseguró. De ahí que solicitara que «no se destruyan» los elementos que, cuando se apruebe la Ley de Memoria Histórica, deberán retirarse porque «son huellas del ayer». Sí pidió que se reubiquen o se haga una réplica.

Según Pascual, la importancia de cada uno de los símbolos franquistas debería «estudiarse caso por caso» y, después, decidir qué hacer con ellos.