El conseller d'Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, ha avanzado algunas de las propuestas centrales del Govern para abaratar el precio de la vivienda en Balears; uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad. El objetivo es lograr poner en el mercado hasta 5.000 pisos de 75 metros cuadrados a precio, en la práctica, de coste: 90.000 euros. Como contrapartida, los promotores podrían disponer de la mitad de los solares para construir viviendas a precio libre.
La iniciativa de Carbonero, que todavía se encuentra en una fase embrionaria, supondrá la reclasificación de amplias zonas de terreno rústico que los planes territoriales insulares (PTI) tiene previsto como reserva de suelo urbanizable a partir de la próxima década. Esta consideración se contempla con recelo por parte de algunos consells y con abierto rechazo por parte de las organizaciones ecologistas, las cuales consideran inadmisible acelerar el consumo de territorio en Balears. Por su parte, el Partido Popular pide que se expliquen las razones por las que no se trabaja, y se cita a título de ejemplo, sobre las más de 800 hectáreas ya calificadas de urbanizables en Mallorca.
A falta de conocer en profundidad los planteamientos de la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, a la que se le tiene que reconocer audacia a la hora de abordar el que es uno de los principales problemas de Balears, resulta imprescindible hacer un llamamiento respecto a la prudencia con la que se tienen que enfocar las soluciones que pasan por la fórmula de los convenios urbanísticos; un recurso legal pero discriminatorio ya que sólo unos pocos promotores están en condiciones de tener acceso. Hay, por tanto, que aplaudir la voluntad de buscar soluciones en el tema de la vivienda, pero alertar sobre las consecuencias.
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