El Govern quiere promover 5.000 viviendas sociales durante los próximos cuatro años, de 75 metros cuadrados de superficie, a un precio de 90.000 euros. Esta es la propuesta que está negociando desde hace semanas el conseller d'Habitatge, Jaume Carbonero, en las distintas reuniones que está manteniendo con promotores y agentes sociales de Balears.
El objetivo es abaratar en aproximadamente un 50 por ciento el actual precio de las viviendas sociales que han sido adjudicadas en los últimos meses. En realidad, los promotores no tendrían ningún beneficio con este tipo de viviendas, que serían vendidas a los nuevos propietarios a un precio de coste.
El plan de choque que está intentando cerrar el Govern pasaría por conseguir suelo más barato, en suelo de transición, para conseguir la promoción de viviendas sociales a precios muy por debajo de las actuales promociones de VPO. Como contrapartida, los promotores podrían vender en estos mismos terrenos -suelo de transición en áreas de crecimientos, es decir, suelo rústico situado junto a suelo urbano o urbanizable- viviendas a precio de mercado. Los beneficios que no consiguiesen con las viviendas sociales serían compensados con la promoción de pisos a precio de mercado.
En la actualidad no se tiene ningún dato estadístico para conocer cuántas personas aspiran a conseguir una vivienda social en Balears, pero por cada promoción que impulsa el Ibavi se presentan diez por solicitudes por piso. Para acceder a estas promociones hay que cumplir unas condiciones en cuanto a ingresos económicos. Los pisos se adjudican mediante un sorteo.
Dos habitaciones
Las viviendas que quiere promover el Govern tendrían 75 metros cuadrados, contarían con dos dormitorios, salón, cocina y baño. Las dimensiones serían razonables, especialmente para jóvenes, con un diseño que aprovecharía al máximo los metros cuadrados disponibles. En la actualidad, viviendas sociales de estas mismas características tienen un precio de unos 150.000 euros y muy por encima en el mercado libre.
Este proyecto que ultima el departamento de Jaume Carbonero está pendiente de la aprobación definitiva de la ley de la vivienda, que facilitará el impulso de promociones a precios asequibles. Precisamente, el Govern sigue negociando la ley de la vivienda entre los distintos socios de gobierno. En estos momentos, y a falta de dos semanas de su aprobación, el texto propuesto por la Conselleria d'Habitatge está sumando apoyos entre los distintos partidos. El Bloc por Mallorca, que se mostró reacio a aceptar la iniciativa de Carbonero, ya no podría ser un obstáculo para relanzar el plan de choque para crear viviendas sociales.
En primer lugar, el Govern debe aprobar la Ley de la Vivienda que permite la construcción de viviendas sociales en áreas de transición, en suelo que actualmente tiene la calificación de rústico. Posteriormente, el Ejecutivo debería promover un concurso entre los promotores para poder impulsar las viviendas sociales. El PP ya ha manifestado su oposición a la posibilidad de permitir la construcción de viviendas sociales en suelo rústico ya que considera que hay suelo urbanizable y urbano disponible.
Los jóvenes y las familias con menos posibilidades económicas que puedan acceder a una de estas viviendas que promoverá el Govern podrán considerarse tocados por la fortuna, teniendo en cuenta que por cada piso protegido que sale al mercado promovido por el Ibavi se presentan diez solicitudes. Pero este primer paso es mejor que nada y abre la puerta a la posibilidad de que miles de jóvenes mileuristas que ahora no tienen ninguna posibilidad de independizarse puedan acceder a una vivienda en propiedad que no les suponga ahogarse financieramente para el resto de su vida. Los jóvenes de las Islas son los que mayor parte de su sueldo dedican a la vivienda, casi el 70 por ciento, y eso es una presión difícilmente soportable.
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