El 25 de noviembre de 1895 murieron tras una explosión en un almacén de pólvora situado en el revellín de Sant Ferran, también llamado de Can Pelat, 92 personas, la mayoría mujeres y niños. El accidente tuvo una gran repercusión a nivel social no sólo en Mallorca, sino también en el resto del país. Más de un siglo después, el Govern y el Ajuntament de Palma recordarán el 25 de este mes con varios actos el accidente laboral más importante de la historia de la Isla.
El polvorín donde sucedió todo pertenecía a los militares, quienes, mediante concurso público, contrataron a Gabriel Padrós para que inutilizara un millón y medio de balas que se habían quedado obsoletas. Padrós, a su vez, empleó a un grupo de personas para que llevaran a cabo el trabajo, que consistía en vaciar de pólvora cada una de las balas y tirarla a un cubo de agua para que no hubiera ningún percance. Sin embargo, el empresario decidió no hacer caso de este último paso con la intención de, más tarde, vender la pólvora, circunstancia que propició el dramático accidente. Además, la inexperiencia de los trabajadores, en su mayoría personas muy necesitadas, tampoco ayudó a prevenir los hechos.
«Nunca se esclarecieron las causas del accidente. Pudo haber sido un cigarrillo mal apagado, la aglomeración de gente o, incluso, un golpe desafortunado en alguna bala», recuerda Xisco Martorell, autor junto a Tomás Suau del estudio centrado en el siniestro que Cort publicará. La responsabilidad recayó en Padrós, quien fue acusado de homicidio involuntario por negligencia, hecho que propició sus dos procesos judiciales, uno civil y otro militar. El primero terminó obligándole «a indemnizar a las familias damnificadas» y, el segundo, le condenó a «tres años y tres días de prisión y a pagar 1.000 pesetas por cada una de las víctimas», además de inhabilitarle civilmente, lo que le impidió «votar y acceder a un cargo público», dijo Martorell.
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