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En su intervención en el acto de clausura de la convención celebrada el pasado fin de semana en Madrid, el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, expresó su intención de promover una reforma de la Constitución que impida futuras reformas estatutarias; una medida que -en su opinión- trata de evitar el proceso de desmantelamiento del Estado por la vía de más transferencia de competencias a las comunidades autónomas.

Las palabras de Rajoy manifiestan una clara intención de bloquear cualquier tipo de avance, en el futuro, respecto a la descentralización administrativa del Estado con la premisa, más o menos encubierta, de que ésta es una deriva que acabará en la desmembración de España.

España no se rompe, ni el Estado es más débil, aunque sí, y afortunadamente, menos centralista. Simplemente, hay un adecuado y racional reparto de competencias entre la Administración central y las distintas autonomías.

Hasta el momento, ninguna reforma estatutaria ha desbordado aquellas competencias que son de titularidad exclusivamente estatal: relaciones exteriores, defensa, tributación general, seguridad social... Ciertamente se está pendiente de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado contra el Estatut de Catalunya, aprobado por el Parlamento español. Los magistrados del alto tribunal tendrán la última palabra, pero parece lógico pensar que los representantes de la soberanía popular extremaron las cautelas para evitar caer en la inconstitucionalidad.

Rajoy debería explicar qué razones tiene para defender este cerrojo constitucional y qué temores alberga. Es difícil imaginar cómo sería España sin el actual modelo autonómico. No se puede volver atrás. Dejando aparte posturas independentistas, nadie discute que hay un núcleo competencial intransferible. En consecuencia, no es necesario blindar el Estado. La sóla sugerencia de hacerlo pone en evidencia un absurdo recelo hacia quienes legítimamente aspiran a tener unas autonomías menos débiles.