22/11/07 0:00
TW
0
JOSEP MARIA AGUILÓ El regidor de Mobilitat, el socialista Joaquín Rodríguez, y el director general de Mobilitat, Francisco Donate, dieron a conocer ayer que la alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo, dictará en los próximos días un bando en el que se fijará el coste del servicio de recogida de vehículos abandonados, que en el caso de los turismos y furgonetas puede ascender hasta un máximo de 1.392'72 euros.

Rodríguez señaló que éste sería el coste global si no se presenta una renuncia voluntaria al vehículo abandonado y si éste es retirado de la vía pública como consecuencia de la tramitación de un expediente de abandono, que implica el cobro de las tasas de retirada, depósito, declaración de abandono, descontaminación, desguace y gestión de la baja administrativa.

Opciones
El regidor añadió que, no obstante, si la persona propietaria de un vehículo abandonado lo entrega en los depósitos de Son Toells o del aeropuerto y renuncia por escrito al mismo, el Ajuntament se hará cargo de la descontaminación y destrucción del vehículo, y además tramitará la baja definitiva ante la Dirección Provincial de Tráfico. «Este servicio se prestará de forma totalmente gratuita», destacó. Otra opción posible es que el dueño del vehículo abandonado presente un impreso al Ajuntament explicando dónde se encuentra su vehículo y renunciando igualmente a su titularidad. En este caso, deberán abonarse 46'37 euros si se trata de un turismo o furgoneta.

Rodríguez indicó que con esta iniciativa se pretende que en el plazo de un año no haya ya coches abandonados en las calles de Palma.
Son Toells
En este sentido, Donate recordó que hace cuatro meses había unos 1.500 vehículos abandonados, y que desde entonces han sido retirados unos 500, por lo que ahora podría haber todavía unos 1.000 coches en la vía pública.

Rodríguez también anunció que la Junta de Govern celebrada ayer aprobó conceder la licencia de actividad al depósito de Son Toells. El edil recordó todo el proceso administrativo y judicial que se inició en septiembre de 2003, cuando un particular denunció a Cort por el hecho de que dicho depósito carecía de la preceptiva licencia.

En estos momentos, existe una sentencia aún vigente, del 27 de enero de 2007, que exige el cierre del depósito, sentencia que en principio deberá ser cumplida a pesar del acuerdo aprobado ayer.