Ayer se aprobó el decreto de medidas cautelares del Govern que pretende frenar el crecimiento urbanístico de once enclaves de Mallorca y Eivissa, una fórmula temporal "cabe suponer que por espacio de varios meses" hasta la aprobación de una ley. La adopción de una decisión de estas características se justifica, por parte de los integrantes de la coalición gobernante de centroizquierda, en la necesidad de preservar el valor paisajístico de las zonas afectadas y acabar con el «urbanismo a la carta» que se practicó durante la anterior legislatura por parte del Partido Popular aunque las competencias ya estaban, entonces, en manos de los diferentes consells insulars.
La recalificación que pretende llevar a cabo el Govern ha originado tensiones entre las diferentes fuerzas políticas que lo integran, de hecho el decreto aprobado debía ir acompañado de un proyecto de ley que ha quedado sobre la mesa, entre otras razones debido a la falta de una argumentación que justifique, política y jurídicamente, las urbanizaciones paralizadas sin que ello signifique cuestionar la necesidad de proteger el territorio en Balears.
Otro aspecto fundamental en este proceso es el derivado de la inseguridad jurídica que, en relación con los proyectos ya iniciados, significa la aplicación del decreto de medidas cautelares; toda vez que en determinados casos se interviene sobre urbanizaciones con obras ya ejecutadas. Desde el Govern no se ha dado a conocer ningún tipo de previsión respecto a las eventuales indemnizaciones que podrán derivarse de la aplicación del decreto que hoy entrará en vigor con su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Los próximos meses, hasta la aprobación definitiva de la ley, darán cuenta del auténtico alcance de la protección territorial anunciada.
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