Veinte empresarios transportistas han sido condenados mediante una sentencia de la Audiencia Provincial en las que éstos aceptan su responsabilidad en la contaminación de la cantera de Can Set, del término municipal de Llucmajor. El fallo, pactado al admitir las empresas su responsabilidad en los vertidos tóxicos, plantea la aplicación de penas de prisión y cuantiosísimas indemnizaciones destinadas a resarcir los daños causados a los vecinos y hoteleros de la zona y, lo que todavía es más importante, tratar de minimizar su impacto en el medio ambiente.
El juicio de Can Set se ha convertido en un aldabonazo en Balears sobre el giro que la sociedad ha dado respecto a la protección medioambiental en las últimas décadas, dotándose de un entramado jurídico que impone severos castigos a los responsables de delitos ecológicos. No podía quedar impune una agresión al entorno tan negligente y continuada como el vertido en la cantera que ha causado contaminación en el aire y en los acuíferos próximos, donde sólo la codicia empresarial puede explicar la actitud de estos transportistas, uno de los cuales ya está en prisión por otra causa de similares características.
Los juicios por delitos ecológicos son, todavía, una excepción en la actividad cotidiana de los tribunales españoles. Es por esta razón que su trascendencia es mayor ya que tienen una carga ejemplarizante indudable, como años atrás lo tenían los procesos abiertos contra los responsables de delitos fiscales. Cabe esperar, por tanto, que lo ocurrido en Can Set ponga freno a la práctica de vertidos contaminantes sin ningún tipo de precaución y cuyas consecuencias las acaba pagando la naturaleza.
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