El Consell de Govern aprobó ayer el proyecto de ley de la vivienda, que persigue la construcción de 5.000 pisos sociales en cuatro años, con precios que oscilarán entre los 90.000 y 120.000 euros para las personas que los adquieran y entre 200 y 300 euros cuando se trate de viviendas en alquiler. El president Antich y el conseller de l'Habitatge, Jaume Carbonero, presentaron la ley y aseguraron que el hecho de incluir la posibilidad de construir viviendas sociales en suelo rústico -áreas de transición- pretende abaratar el suelo urbano y el urbanizable. Aunque el objetivo del Govern es recurrir al suelo rústico sólo como última opción, Carbonero reconoció que incluirlo en la ley evitará la especulación y permitirá el abaratamiento del suelo urbano y urbanizable.
Francesc Antich destacó que, con la aprobación de la ley, Balears dejará de estar a la cola en vivienda de protección oficial y dijo que sólo se autorizará la construcción de pisos sociales en áreas de transición si se le presenta una «alternativa creíble y realista» para dar solución al problema de la vivienda. «La Plaza de España alguna vez también fue suelo rústico», subrayó Antich en la presentación de la nueva ley.
Los pasos que habrá que dar para construir viviendas sociales son los siguientes. En primer lugar, se hará una convocatoria de concurso público de adquisición de terrenos para la creación de reservas estratégicas. Para dicha selección, se priorizarán los suelos urbanos sin urbanización consolidada y, seguidamente, el urbanizable o apto para urbanizar. En tercer lugar, y sólo en caso de que sea insuficiente la primera y segunda opción, se recurrirá a lo que el Govern califica de suelo de transición o de armonización. En este caso, los suelos deberán estar situados de manera continua en tramas urbanas existentes.
Edificios con más alturas
Una vez que se presenten las ofertas de suelo, el Govern autorizará las reservas estratégicas, mediante la aprobación de nuevas normas subsidarias, para construir la mitad de pisos sociales y la otra mitad de viviendas a precio libre. Para evitar el consumo de territorio, la nueva ley incrementa la densidad edificatoria. En el caso de Palma, se duplica, es decir, se podrán levantar más alturas en cada uno de los edificios que formen parte de estos nuevos proyectos de viviendas sociales. La edificación de las viviendas públicas se hará siguiendo un modelo «compacto, coherente y sostenible», recalcó Carbonero.
El president del Govern insistió en que, en materia de vivienda, había que pasar «de las palabras a los hechos». «Durante mucho tiempo hemos sido la comunidad autónoma donde menos viviendas sociales se han creado», subrayó Antich. «Es imprescindible que se intervenga por parte de la Administración en el mercado del suelo, desde políticas conservadoras es imposible pensar que se vaya a solucionar el problema», insistió Carbonero.
El secretario general del PP de Balears, José María Rodríguez, aseguró ayer que si el Govern decide excluir del Pacto por la Vivienda la construcción de viviendas de protección oficial en suelo rústico, los populares lo apoyarán.
El jefe del gabinete autonómico quiere que este plan de la vivienda sea, además, una alternativa al sector de la construcción en un momento que plantea muchos interrogantes. Antich espera que, ante las escasas posibilidades de negocio por el incremento de los tipos de interés, la puesta en marcha de estos proyectos pueda interesar a los promotores urbanísticos para sacar al mercado inmobiliario 1.250 viviendas anuales para llegar a la cifra de 5.000.
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