El consejo de administración de Emaya celebrado el jueves decidió que el viernes fuera remitida a la Fiscalía de Balears la información recabada en las dos últimas semanas referida a dos actuaciones presuntamente irregulares relacionadas con esta empresa. La presidenta de Emaya, Cristina Cerdó, de UM, dio a conocer ambos casos en dicho consejo de administración.
En el primer caso, una persona habría estado cobrando entre junio de 2006 y junio de 2007 una cantidad fija cada mes, que en las transferencias bancarias constaba a nombre de Emaya, sin estar dicha persona contratada por la empresa municipal, ya que el contrato existente que la vincularía a la misma sería falso, es decir, habría una presunta falsificación de documento público. Aun así, Emaya nunca abonó directamente ninguna nómina ni ningún dinero a esta persona.
En el segundo caso, un empleado de Emaya habría estado cobrando en 2006 durante unos meses un suplemento por un trabajo que no consta que realmente hiciera.
Por su parte, la presidenta de Emaya en el pasado mandato, la regidora popular Catalina Terrassa, señaló ayer que ella tuvo conocimiento por vez primera de ambos casos en el consejo de administración del pasado jueves, y recordó que nunca intervino en ningún proceso de contratación. «La primera interesada en que se clarifique todo esto soy yo», afirmó.
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