Torres Blasco05/01/08 0:00
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Balears dispondrá a partir del próximo año de su propia Agencia Tributaria, organismo autónomo con personalidad jurídica propia que se encargará de la gestión, la recaudación, la inspección y liquidación de los impuestos propios de la Comunitat Autònoma y, por delegación del Estado, de los tributos cedidos. Además, y mediante convenios específicos, también podrá llegar a recaudar la totalidad de los tributos del Estado, si bien seguirá siendo el Estado quien los administre.

Balears es la tercera comunidad autónoma en anunciar la creación de una Agencia Tributaria. La primera fue Catalunya (donde ya ha comenzado a funcionar) y la segunda Andalucía, cuya ley ya está en manos del Parlamento de aquella comunidad.

La Agencia Tributaria todavía no supone (tampoco en Catalunya) la creación de una Hacienda independiente. Se trata, eso sí, de un instrumento que permitirá una mayor autonomía financiera y que mejorará la recaudación y la hará más próxima a la ciudadanía. Al menos así lo destacaron tanto el president del Govern, Francesc Antich como el conseller d'Hisenda, Carles Manera.

Ambos, además de la portavoz Margarita Nájera, comparecieron ante los medios para explicar el significado del acuerdo que tomó el Govern: la aprobación de la ley de creación de la citada Agencia que ahora se remitirá al Parlament para su debate y aprobación definitiva. La idea es que se apruebe el 1 de marzo, coincidiendo con el Dia de les Illes Balears, y que comience a estar operativa el 1 de enero de 2009. La Agencia tendrá un edificio propio.

Antich remarcó que la Agencia Tributaria de Balears permitirá ofrecer un «mejor servicio» a los ciudadanos, a quienes se les facilitarán los trámites en materia de impuestos, mientras que, por otro lado, destacó que este nuevo órgano posibilitará «potenciar» la lucha contra el fraude fiscal, lo que previsiblemente, incrementará la capacidad de ingresos de la Comunitat Autònoma a través de los impuestos.

Así, el conseller d'Economia i Hisenda, Carles Manera, detalló que se creará una oficina de lucha contra el fraude fiscal, se firmarán convenios de colaboración con la Agencia Tributaria estatal y otras administraciones para reprimir el fraude y se coordinarán las actuaciones con la Agencia Tributaria estatal en materia de control de domicilios declarados.