El pleno del Consell de Mallorca acordó la paralización de catorce proyectos urbanísticos en distintos puntos de la Isla, algunos tan emblemáticos como Es Guix (Escorca), Cala Marçal (Felanitx), Cala Blanca (Andratx) o Es Pujols (Santanyí), entre otros. Uno de los aspectos más llamativos del debate fue, sin duda, la actitud del grupo del Partido Popular, cuyo portavoz, Jaume Font, mantuvo un agrio debate con los integrantes de la mayoría sobre un tema que, en principio, estaba pactado entre Francesc Antich y Rosa Estaràs.
Todo indica que, a la vista de su actitud en el pleno del Consell, el Partido Popular rectifica o matiza su giro proteccionista anunciado tras el encuentro entre el president Antich y la presidenta regional Rosa Estaràs. Habrá que esperar a la actitud que mantendrán los conservadores en el Parlament para saber el alcance de su compromiso con la protección del territorio.
El fondo de la cuestión radica en la necesidad de adoptar una medida extraordinaria, como es el caso de la moratoria planteada por el Consell mallorquín, para replantear proyectos que son una clara agresión medioambiental. En esta ocasión hay que destacar el carácter selectivo de la moratoria, en especial en unos momentos de incertidumbre económico como los actuales. La prudencia del Consell ha sido un acierto.
Un último apunte obliga a realizar un nuevo llamamiento en favor de la seguridad jurídica. El urbanismo continúa siendo objeto de confrontación política tanto en el ámbito insular como en el autonómico, a pesar de la acumulación de normas que se han aprobado en las últimas décadas. La histórica confrontación de modelos territoriales en Balears entre derecha e izquierda debería quedar zanjada.
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