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El presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears, Gabriel Oliver, consideró ayer que las empresas del sector deberán «hibernar», apostar por la vivienda social o invertir fuera de España, concretamente en centroamérica o en Europa del este, mientras se mantenga la actual situación de «declive» del sector.

Oliver afirmó, durante la conferencia que pronunció anoche en la sede central de Caixa de Balears Sa Nostra, que en Balears se han producido otras situaciones de «caída» de actividad constructora con anterioridad, como por ejemplo a principios de los noventa, aunque señaló que en la actualidad se dan dos circunstancias que agravan la coyuntura del sector.

La primera de estas situaciones añadidas es la crisis crediticia y la consiguiente dificultad para obtener liquidez para cualquier actividad inmobiliaria, circunstancia agravada por la «inseguridad jurídica» generada a su juicio por las desclasificaciones de suelo aprobadas recientemente por el Govern balear y el Consell de Mallorca.

El presidente de la patronal de promotores, que fue presentado por el director general adjunto de Caixa de Balears Sa Nostra, Pau Dols, y que compartió panel con el consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Angel Berges, afirmó que la inseguridad jurídica provocada por las administraciones de Balears está agravando la desconfianza de los bancos y las cajas de ahorros a la hora de financiaciar o renovar créditos a los promotores.

«Esta inseguridad nos perjudica ante las entidades financieras, porque ven que una licencia de obra ya no va a misa como hasta ahora», afirmó Oliver.
Ante este panorma, que a juicio de Oliver provocará una caída de actividad y un incremento del desempleo, las promotoras sector deberán «hiberar» o mantenerse en «stand by» mientras se mantenga la crisis, apostar por la vivienda protegida o invertir en el exterior.

Respecto a la primera de las opciones, Gabriel Oliver afirmó que es factible para las empresas paralizar su actividad, «pueden aguantar», aunque admitió que esta situación generará un prejuicio en la actividad de los constructores y en las industrias auxiliares de la construcción.