El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha dictado un auto de procesamiento contra cuarenta altos mandos militares del Gobierno ruandés por delitos de genocidio, crímenes contra la Humanidad y terrorismo. Entre las víctimas del genocidio, que se prolongó entre los años 1994 y 2000, se encuentran nueve ciudadanos españoles. Se da la circunstancia de que fue desde Balears, en concreto por el presidente de la Organización No Gubernamental S'Olivar y del Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el Àfrica de los Grandes Lagos, Joan Carrero, el principal promotor de esta iniciativa judicial contra los responsables de las masacres en este país africano.
La acción judicial de la Audiencia Nacional contra los militares ruandeses tiene otros precedentes en el mundo occidental, desde las órdenes dictadas en contra el dictador Pinochet por el juez Garzón hasta el juicio abierto con Slobodan Milosevic por el Tribunal de la Haya. El objetivo, en ambos casos, no es otro que el de evidenciar que los atentados contra los Derechos Humanos no pueden ni deben quedar impunes. Por desgracia, el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, no figura entre los relacionados en el auto del juez Andreu al estar amparado en la inmunidad que lleva aparejada su condición de jefe de Estado.
Pese a todo, estas actuaciones en contra de los genocidas son excepcionales. Son demasiadas las asignaturas que todavía están pendientes en este apartado, muchos de los responsables de matanzas en la ex Yugoslavia, el Líbano, Irak, Turquía, Sri Lanka o Camboya, por citar sólo algunos de los ejemplos más sangrientos desde la II Guerra Mundial, que han logrado eludir la acción de la Justicia. Hay que celebrar que no siempre es así.
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