Desde hace una semana, los funcionarios del Ministerio de Justicia en Balears mantienen una huelga en la que reivindican la equiparación salarial con sus compañeros del resto del Estado cuyas competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas, los cuales tienen unas retribuciones superiores. El escenario planteado por los sindicatos es nuevo, toda vez que, ahora, la exigencia de homologación no se realiza dentro de una misma Administración "la estatal" sino por comparación, con independencia de la responsabilidad competencial. Hasta ahora, en términos generales, los médicos o profesores "por citar algunos ejemplos" solicitaban las equiparaciones una vez que se había producido la transferencia al ámbito autonómico, no antes.
Son ya miles las actuaciones judiciales que se han visto paralizadas como consecuencia de esta huelga de funcionarios, en los ámbitos civil y penal, una situación gravísima que significa una indiscutible lesión de los derechos de los ciudadanos sin que "parece que el Ministerio de Justicia ha aceptado una primera reunión que se celebró ayer en Madrid" se haya realizado la más mínima gestión para minimizar sus consecuencias. No cabe duda que tiene que haber responsables de esta absoluta incomunicación, de esta falta de diálogo, durante todos estos días hasta alcanzar un punto de colapso en los Tribunales.
El gesto del Ministerio debería contribuir a resolver el conflicto, una solución que no pasa por un traspaso forzado de las competencias de Justicia a las comunidades; proceso en el que Balears debe mostrarse inflexible si no hay garantías de una dotación económica más que suficiente. En este apartado no pueden cometerse errores que al final acaban pagando todos los ciudadanos de las Islas con sus impuestos.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.