El Sindicato Médico Libre de Balears ha convocado, para la primera semana del mes de marzo, a pocos días de la celebración de las elecciones generales, un paro en la sanidad pública de las Islas como medida de presión ante la Conselleria del ramo para la obtención de determinadas mejoras salariales y sociales, las cuales llevan tiempo sin resolverse. Por tanto, a la espera de la respuesta por parte de la Administración, todo indica que la campaña electoral se celebrará en un clima 'caliente' desde la perspectiva laboral puesto que la huelga de los médicos se añade a la que están manteniendo los funcionarios del Ministerio de Justicia, los cuales "junto con los jueces" están colapsando los juzgados.
Un repaso a la conflictividad laboral en España revela un paralelismo entre el incremento de la conflictividad y la proximidad de las citas electorales, una coincidencia buscada para incrementar la presión sobre los responsables de la Administración, los políticos, para que cedan a sus pretensiones. Éste es un juego lícito y comprensible, pero como siempre también tiene su lado delicado: los efectos sobre los ciudadanos. No cabe duda que el ejercicio del derecho de huelga lleva aparejadas consecuencias sobre la prestación del servicio, pero lo complejo es resolver hasta qué punto el perjuicio debe recaer íntegramente en el contribuyente que poco o nada puede hacer por resolver el problema.
No resulta descabellado exigir a los representantes de los trabajadores una mayor dosis de ingenio y, por supuesto, de responsabilidad, a la hora de plantear sus estrategias reivindicativas en los servicios esenciales. Es demasiado sencillo castigar al más débil, al ciudadano, para conseguir las reivindicaciones laborales. Seguro que después del 9-M se entrará en otra dinámica. Como siempre.
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