El Consell de Mallorca se encargará de la parte administrativa de las demoliciones para facilitar y simplificar el trabajo y, de esta manera, encontrar empresas que decidan llevarlas a cabo. La institución insular, de acuerdo con la Associació de Constructors, asumirá los aspectos más burocráticos y las empresas, sólo los derribos. Su contratación se realizará a través de un concurso público que debe terminar de perfilarse.
De las cerca de 70 obras ilegales acumuladas que en la actualidad exigen su demolición total, el Consell elegirá una quincena situadas en suelo rústico e, incluso, en espacios protegidos para que sean las primeras que se derruyan. Serán «casos bien definidos, claros y ejemplificantes que estarán repartidas por toda la Isla», en palabras de Maria Lluïsa Dubon, consellera insular de Territori. Para Dubon, la intención es «demostrar que los derribos se llevan a cabo».
Después de realizar nuevas inspecciones y supervisar y actualizar los expedientes, se prevé que las 15 obras previstas pasen a ser diez. Para contratar su demolición, el procedimiento que se seguirá implica ocho pasos. Primero, que la Comissió d'Ordenació del Territori i Urbanisme apruebe iniciar el expediente de ejecución subsidiaria. Segundo, empezar este el proceso. Después, el Consell redactará el proyecto de demolición y los estudios de seguridad y salud y solicitará las licencias, dos trámites que antes debían efectuar las empresas. El quinto paso será contratar a las empresas a través de un concurso público, el único punto que aún se está negociando. Las opciones que se estudian pasan por dividir los derribos por lotes o zonas y asignarlas, después de una superar una convocatoria pública, a diferentes sociedades.
La institución insular se encargará de los dos siguientes puntos, que son pedir la autorización judicial y la asistencia de los cuerpos de seguridad. Por último, se procedería a la demolición.
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