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M.JUNCOSA/J.MESTRE El conseller d´Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, acusó ayer a los promotores inmobiliarios de criticar la política de fomento de la vivienda protegida que promueve el Govern balear, incluida en el proyecto de ley de Vivienda, «con los bolsillos llenos a costa de aquellos que no pueden acceder a la vivienda».

Durante la inauguración de la jornada «La Vivienda Social 1930-1970», organizada por el Col.legi d´Arquitectes de Balears y el Ajuntament de Palma, el conseller afirmó que los promotores piden al Govern que se haga cargo de parte de las hipotecas de los ciudadanos. «Ahora nos dicen ayudad a pagar la vivienda, porque nosotros no podemos rebajar los precios, porque tenemos cargas hipotecarias, pero vosotros sí que podéis ayudar a que la carga hipotecaria de las familias se pague en parte con dinero público».

Carbonero advirtió a los promotores que «se acabó el negocio», tal y como lo venían realizando en los últimos años, en los que a su juicio han subido los precios a costa de dejar a parte de los ciudadanos sin posibilidad de acceder a una vivienda. «Se ha producido un enriquecimiento completamente brutal y absurdo», afirmó.

Carbonero recordó que el Govern se ha marcado como objetivo la construcción de 5.000 viviendas protegidas a precios asequibles en la presente legislatura, aunque afirmó que el Ejecutivo parte de una «situación precaria».

«No tenemos suelo público y tampoco tenemos dinero, porque el PP nos ha dejado una Comunidad endeudada; y necesitamos suelo cuyo coste de repercusión sea 0 euros», dijo.

Ante este panorama, Carbonero explicó que el Govern apuesta por hacer reservas de suelo urbano, urbanizable y de transición para que, a través de una norma subsidiaria municipal, se ejecute la urbanización y la edificación de forma simultánea, para ganar tiempo y dinero. Para conseguir una repercusión de 0 euros, explicó que el Govern permitirá unas densidades y edificabilidad superiores a las permitidas por los planes territoriales. El Govern pedirá a los promotores que les cedan el 50 por ciento del suelo ya urbanizado. El Govern ejecutará el 15 por ciento de ese suelo, otro 15 por ciento se lo cederán a los ayuntamientos y el 20 por ciento restante lo ofrecerán en concurso a los promotores, en todos los casos para construir vivienda pública.