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JUAN MESTRE-AGENCIAS
El pleno del Parlament celebrado ayer estuvo marcado por el resultado electoral del domingo. La sesión parlamentaria comenzó con una pregunta formulada por la portavoz del grupo popular, Rosa Estarás, quien en sus primeras palabras quiso felicitar a Antich por la victoria de las generales. El president agradeció las felicitaciones de Estarás.

En la segunda pregunta, la diputada socialista Rosamaría Alberti solicitó al conseller de Presidència, Albert Moragues, qué repercusión tendría para Balears el resultado de las elecciones. Moragues fue contudente: «Los ciudadanos de Baleares tienen la ventaja de que ya conocen el gobierno del presidente Zapatero y por eso mismo han dado a las candidaturas del PSOE un gran apoyo electoral, el más alto de los últimos 22 años».

Según Moragues, los ciudadanos de Baleares tendrán un Gobierno central que estará a su lado, mejorará la financiación, convendrá «importantísimas inversiones» en transporte público y participará «activamente» en la rehabilitación de la Playa de Palma. Los diputados del PP escuchaban atentamente las palabras de Moragues.

Durante el pleno, y en el turno de preguntas, la diputada Assumpta Vinent también felicitó a los socialistas por el resultado electoral. En cambio, ninguno de los socios de Antich utilizó el turno de preguntas para felicitar al PSOE.

El pleno comenzó con un minuto de silencio para conmemorar el cuarto aniversario del atentado que provocó casi 200 muertos el 11-M.
Durante la sesión, el diputado del PP Joan Flaquer señaló que el Govern ha tenido tiempo «más que suficiente» para proceder al traspaso de las competencias a los consells insulars, puesto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 del Estatut de Autonomía, «basta con señalar a través de un decreto los recursos económicos, materiales y humanos que se asignan a cada uno de los Consells para desarrollar dichas competencias», aseguró.

Asimismo, el diputado del Grupo Popular Miquel Àngel Jerez reclamó ayer al Govern que ponga encima de la mesa del Ministerio de Justicia una nueva oferta que mejore la cuantía económica prevista para el traspaso de las competencias a la comunidad autónoma, cuyo coste efectivo ronda actualmente los 50 millones de euros anuales.