Sin vulnerar el derecho a la presunción de inocencia que merece cualquier ciudadano, y sobre el que los jueces deberán pronunciarse al final del procedimiento, el caso de Javier Rodrigo de Santos adquiere una especial relevancia por su continuidad temporal "unos 18 meses" e importe. ¿Qué sistemas de control financiero se aplican en las empresas públicas? ¿Cómo es posible que queden sin justificar adecuadamente 50.000 euros "ocho millones de las antiguas pesetas" con cargo a una tarjeta de crédito sin que salten todas las alarmas? Son preguntas que los ciudadanos esperan que se contesten.
Resulta obvio señalar que el señor De Santos debe responder hasta del último euro gastado indebidamente, si se confirman las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción. Pese a los indudables aspectos sórdidos del caso, lo importante es la presunta malversación de fondos. En este sentido, es justo alabar la diligencia y discreción de la alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo, en tramitar la denuncia de todo este delicado asunto. El Partido Popular, por su parte, se ha limitado a dejar constancia de su sorpresa y a suspender de militancia a Rodrigo de Santos, admitiendo de manera explícita la ex alcaldesa Catalina Cirer que fallaron los mecanismos de control del anterior equipo de gobierno en Cort.
Ahora es la Justicia la que tiene que trabajar. Esperemos que lo haga rápido.
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